En España, los funcionarios gozan de una estabilidad laboral significativa en comparación con el personal laboral. Esto se debe a que su relación con la Administración Pública se rige por un régimen jurídico especial que les otorga una serie de derechos y garantías. Sin embargo, es importante entender que existen diferentes categorías de empleados públicos, con distintos niveles de seguridad laboral. Los funcionarios de carrera disfrutan de la mayor protección, mientras que el personal eventual, con nombramiento y cese libres, tiene una relación más precaria con la Administración.
A pesar de la estabilidad en el empleo, existen causas que pueden llevar a la pérdida de la condición de funcionario de carrera, lo que se conoce como «despido de funcionario». A continuación, analizaremos en detalle estas causas, el procedimiento para el despido, la jurisprudencia relevante y las diferencias con otros países.
¿Qué dice la ley sobre el despido de funcionarios?
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), regula las causas por las que un funcionario de carrera puede perder su condición. El artículo 63 del TREBEP establece las siguientes causas:
- Renuncia a la condición de funcionario: El funcionario puede renunciar voluntariamente a su puesto, manifestándolo por escrito con una antelación mínima de tres meses.
- Pérdida de la nacionalidad: La pérdida de la nacionalidad española o de la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, o de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores, conlleva la pérdida de la condición de funcionario.
- Jubilación: La jubilación puede ser voluntaria, a solicitud del funcionario que reúna los requisitos; forzosa, declarándose de oficio al cumplir la edad legalmente establecida (65 años); o por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones2. En el caso de la jubilación forzosa, el funcionario puede solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumplan 70 años de edad.
- Sanción disciplinaria de separación del servicio: Esta sanción, que equivale a un despido disciplinario, se impone por la comisión de faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones.
- Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público: Si un funcionario es condenado por sentencia firme a una pena de inhabilitación para cargo público, perderá su condición de funcionario2.
Causas de despido disciplinario de un funcionario
El despido disciplinario es la forma más común de «despido» de un funcionario. Se produce cuando el funcionario comete una falta muy grave que justifica la separación del servicio. Para comprender mejor las causas que pueden llevar al despido disciplinario, se presenta a continuación una tabla que resume los diferentes tipos de faltas muy graves, según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015:
| Tipo de falta | Descripción |
|---|---|
| Incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía | Cualquier acto que atente contra la Constitución o el Estatuto de Autonomía. |
| Discriminación | Discriminación por razón de origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, etc. |
| Abandono del servicio | Dejar el puesto de trabajo sin justificación. |
| Adopción de acuerdos ilegales | Tomar decisiones que claramente violan la ley y causan un perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. |
| Revelación de información confidencial | Publicar o utilizar de forma indebida documentación o información a la que se tiene acceso por razón del cargo. |
| Negligencia con secretos oficiales | No custodiar adecuadamente secretos oficiales, lo que puede llevar a su publicación o difusión indebida. |
| Incumplimiento de funciones | No realizar las tareas esenciales del puesto de trabajo de forma reiterada y notoria. |
| Violación de la imparcialidad | Utilizar el cargo para influir en procesos electorales o para favorecer a unas personas sobre otras. |
| Desobediencia | No acatar las órdenes de un superior, siempre que estas órdenes sean legales. |
| Beneficio indebido | Utilizar la posición de funcionario para obtener ventajas personales o para terceros. |
| Obstaculización de derechos | Impedir el ejercicio de las libertades públicas o de los derechos sindicales. |
| Acoso laboral | Cualquier tipo de hostigamiento o acoso en el entorno laboral. |
Es importante destacar que la imposición de una sanción disciplinaria, incluyendo la separación del servicio, requiere la instrucción de un expediente disciplinario. En este proceso, se deben respetar los derechos del funcionario, como el derecho a la defensa, a ser oído y a presentar pruebas.
En el caso del personal laboral al servicio de la Administración Pública, la sanción de despido disciplinario tiene un alcance más limitado. Según lo establecido en el artículo 96 del EBEP, el despido disciplinario del personal laboral «comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban». Es decir, no se les impide trabajar en cualquier puesto del sector público, sino solo en aquellos con funciones similares al que ocupaban anteriormente.
Procedimiento para el despido de un funcionario
El procedimiento para el despido disciplinario de un funcionario se inicia con la apertura de un expediente disciplinario. A continuación, se detallan los pasos de este procedimiento:
- Apertura del expediente: Se abre un expediente disciplinario por la autoridad competente, cuando existen indicios de la comisión de una falta disciplinaria.
- Nombramiento de instructor: Se designa a un instructor, quien se encargará de investigar los hechos y proponer una sanción.
- Información al funcionario: Se informa al funcionario de los cargos que se le imputan y se le da la oportunidad de presentar alegaciones y pruebas en su defensa.
- Práctica de pruebas: El instructor realiza las investigaciones necesarias, incluyendo la toma de declaraciones y la recopilación de documentos.
- Propuesta de resolución: El instructor emite una propuesta de resolución, que puede incluir la imposición de una sanción o el archivo del expediente.
- Resolución: El órgano competente para imponer la sanción, tras valorar las pruebas y las alegaciones del funcionario, decide si impone la sanción de separación del servicio o cualquier otra sanción que considere oportuna.
Durante todo el procedimiento, el funcionario tiene derecho a ser asistido por un representante.
Derechos de los funcionarios interinos
Los funcionarios interinos son aquellos que ocupan un puesto de trabajo de forma temporal, para cubrir una necesidad transitoria de la Administración. A diferencia de los funcionarios de carrera, su relación con la Administración no es permanente.
El cese de un funcionario interino se produce, generalmente, al finalizar la causa que dio lugar a su nombramiento. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, estos trabajadores no recibían ningún tipo de indemnización tras la finalización de su contrato.
Recientemente, la jurisprudencia ha reconocido el derecho de los funcionarios interinos a recibir una indemnización por el cese, similar a la que reciben los trabajadores temporales del sector privado. Esta indemnización es de 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades.
Evaluaciones de desempeño
En España, se ha introducido recientemente un nuevo sistema de evaluación del desempeño para los empleados públicos. Estas evaluaciones se centran en la conducta profesional y el rendimiento del funcionario, con el objetivo de mejorar la productividad de los servicios públicos.
Es importante destacar que, según la normativa actual, suspender estas evaluaciones no implica la pérdida de la condición de funcionario. En caso de resultados negativos, se implementarán medidas de formación para ayudar a los empleados públicos a mejorar su desempeño.
Jurisprudencia sobre el despido de funcionarios
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido importantes criterios en relación con el despido de funcionarios. Uno de los aspectos más relevantes es la indemnización por despido improcedente de personal laboral fijo en la Administración Pública. El Tribunal Supremo ha señalado que, en caso de que un despido de un trabajador laboral fijo sea declarado judicialmente improcedente, la consecuencia será la readmisión obligatoria del trabajador.
Esta jurisprudencia pone de manifiesto la tensión existente entre el régimen laboral común, que permite el despido improcedente con indemnización, y el régimen jurídico de la función pública, basado en el principio de legalidad. La aplicación de la figura del despido improcedente a los funcionarios plantea interrogantes sobre la compatibilidad con los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.
Otro aspecto importante que ha abordado la jurisprudencia es la responsabilidad patrimonial de la Administración por el abuso en la temporalidad de funcionarios interinos. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los funcionarios interinos a reclamar una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de la utilización abusiva de sucesivos contratos temporales.
Además, se ha reconocido el derecho de los funcionarios a reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados de condiciones laborales lesivas, como la sobrecarga de trabajo. Un ejemplo de ello es el caso de un funcionario que logró una indemnización de 150.000 euros por la sobrecarga de trabajo continuada a la que estuvo sometido durante años. Este caso demuestra que los funcionarios pueden buscar reparación por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones, incluso si no se produce un despido.
Comparación con otros países
La legislación española sobre el despido de funcionarios presenta algunas diferencias con la de otros países. Por ejemplo, en Francia, el despido de un funcionario solo puede producirse por las siguientes razones:
- Razones económicas: Dificultades económicas de la empresa, necesidad de preservar la competitividad, cambios tecnológicos o cierre de la empresa.
- Razones disciplinarias: Faltas graves o incumplimientos del contrato de trabajo.
- Incapacidad física o mental: Cuando el funcionario no puede desempeñar sus funciones por razones de salud.
En Alemania, la relación de los funcionarios con la Administración se considera una relación de servicio especial, que les otorga una gran estabilidad laboral. El despido de un funcionario solo es posible en casos muy excepcionales, como la comisión de un delito grave o la incapacidad permanente para el servicio.
En el Reino Unido, la legislación laboral establece que los funcionarios solo pueden ser despedidos por una «causa justa», que debe ser debidamente justificada y comunicada por escrito al trabajador. Además, se debe proporcionar un preaviso adecuado, que varía según la antigüedad del funcionario.
Conclusiones
El despido de un funcionario en España es un proceso complejo que se rige por una normativa específica y que busca equilibrar la necesidad de proteger los derechos de los funcionarios con la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de la Administración Pública. Aunque los funcionarios de carrera tienen una mayor estabilidad laboral que el personal laboral, existen causas que pueden llevar a la pérdida de su condición.
Es fundamental que los funcionarios conozcan sus derechos, las causas que pueden dar lugar a su despido y el procedimiento que se seguirá en caso de expediente disciplinario. Asimismo, es importante que estén al tanto de las novedades legislativas y jurisprudenciales que puedan afectar a su situación laboral.
Síntesis
En resumen, el despido de un funcionario en España se produce por las siguientes causas:
- Renuncia.
- Pérdida de la nacionalidad.
- Jubilación.
- Sanción disciplinaria de separación del servicio.
- Pena de inhabilitación para cargo público.
El despido disciplinario, que se produce por la comisión de faltas muy graves, es la causa más común de pérdida de la condición de funcionario. El procedimiento para el despido disciplinario se inicia con la apertura de un expediente disciplinario, en el que se garantizan los derechos del funcionario, como el derecho a la defensa y a ser oído.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido importantes criterios en relación con el despido de funcionarios, como la readmisión obligatoria en caso de despido improcedente de personal laboral fijo y la responsabilidad patrimonial de la Administración por el abuso en la temporalidad de funcionarios interinos. Además, se ha reconocido el derecho de los funcionarios a reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados de condiciones laborales lesivas, como la sobrecarga de trabajo.
La legislación española sobre el despido de funcionarios presenta algunas diferencias con la de otros países, como Francia, Alemania y el Reino Unido.
En caso de dudas o si se encuentra en una situación que pueda dar lugar a un despido, es recomendable buscar asesoramiento legal especializado en derecho laboral y en el Estatuto Básico del Empleado Público.
